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La re-elección del Dr. Jaime Alberto Leal Afanador como rector de la UNAD, para el periodo 2019 - 2023, realizada en diciembre pasado, no tuvo ningún manto de duda jurídica, ratificó el Tribunal Superior de Bogotá, al confirmar el rechazo de los argumentos que dio el entonces aspirante a la rectoría, Roberto de Jesús Salazar Ramos, luego de no obtener la mayoría en la consulta estamentaria, ni en la elección que realizó el Consejo Superior.

De esta forma, el proceso definido por el Consejo Superior y que terminó con la elección del Dr. Leal no tiene vicio alguno y queda incólume, tal y como lo confirma la Secretaria General de la Universidad, Dra. Esther Constanza Venegas Castro, quien expidió el siguiente comunicado para total claridad de la comunidad universitaria:

Comunicado de la Secretaría General

En atención a las funciones asignadas en el Estatuto Organizacional de la Universidad (Acuerdo 0037 de julio 27 de 2012) y como responsable de la gestión jurídica, es procedente informar a la Comunidad Unadista que:

El ciudadano Roberto de Jesús Salazar Ramos promovió acción de tutela en contra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD y la Secretaria General, argumentando supuestas irregularidades en el proceso adelantado para la designación de Rector para el período 2019 – 2023.

En ejercicio del derecho de defensa, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD y la suscrita, en condición de Secretaria General, procedieron a responder la acción interpuesta manifestando claramente y con la debida sustentación probatoria, entre otros aspectos que:

  • El proceso de designación rectoral se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento y el cronograma dispuesto en la normatividad interna vigente en desarrollo del principio constitucional de autonomía universitaria, contando con el acompañamiento y la vigilancia de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y la firma auditora externa contratada para tal fin.
  • Que los despliegues estratégicos llevados a cabo durante el año 2018 no constituyeron actividad proselitista, como argumentó el accionante, sino que por el contrario hacen parte de un ejercicio de planeación institucional de seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos a nivel regional y local que la organización adelanta desde el año 2005.
  • Que la Comisión de Veeduría se conformó de acuerdo al mandato impartido por el Consejo Superior Universitario y cumplió con las funciones que le fueron asignadas por parte del referido órgano.

Mediante fallo de primera instancia proferido el día 13 de diciembre de 2018, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá  determinó NEGAR las peticiones presentadas por el ciudadano Roberto de Jesús Salazar Ramos por considerarlas improcedentes. Dicha decisión fue impugnada por el accionante.

En consecuencia, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal, mediante fallo de segunda instancia del 20 de febrero de 2019 notificado a la Universidad el día 7 de marzo de 2019, luego de analizar la decisión judicial antecedente determinó CONFIRMAR la providencia de primera instancia en su integridad declarando la improcedencia de los argumentos esbozados por el ciudadano Roberto de Jesús Salazar Ramos, así mismo estimando que no se configura perjuicio irremediable que haga necesario el amparo de garantías fundamentales. Destaca el fallo, entre otros tópicos, que “es inadmisible que el operador judicial en sede de tutela, a la ligera y sin sustento legal, probatorio ni fáctico para ello, se arrogue competencias que no le corresponden y ordene al claustro universitario suspender o modificar los parámetros de una convocatoria”.

Por lo tanto, de acuerdo a los fallos judiciales descritos, el proceso de designación de Rector para el período 2019 - 2023 permanece incólume.               

Atentamente,                                 

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
Secretaria General
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

 

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