El Manifiesto de la más grande Universidad Colombiana, la UNAD, al Gobierno del Presidente Petro frente a su propuesta de reformar la Ley 30 de 1992. Respetados Dr.  Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República, y Dra. Aurora Vergara Figueroa, Ministra de Educación Nacional

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Nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD es una institución de educación superior pública acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación. Integra en su estructura educativa la totalidad de niveles y ciclos y es, por su número de estudiantes (200.531) e impacto territorial (73 centros regionales), la más grande institución de educación superior de Colombia.

Según las estadísticas del SUE cubrimos cerca del 18.5 % de toda la matrícula del Sistema Universitario Estatal y atendemos estudiantes provenientes de más de mil municipios y también a aquellos que viven en 36 países del mundo, contando además con dos seccionales internacionales reconocidas en Estados Unidos de América y en España para aquellos compatriotas que residen en la Unión Europea.

Ninguna otra universidad colombiana logra este impacto dentro y fuera del país.

Hoy y desde hace 42 años nos hemos convertido en expresión de la Colombia profunda y diversa, y en una esperanza para aquellas víctimas del flagelo histórico de la violencia y de la exclusión, esperanzada en el compromiso de nuestros gobernantes por brindar mejores condiciones a quienes aún no han tenido la fortuna de acceder, permanecer y promocionarse a través de una educación con calidad y pertinencia formativa.

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD entendemos la educación como una causa social, que permite influir de manera potente en la movilidad social de las comunidades que históricamente han tenido menores posibilidades de desarrollo. La UNAD es una causa país.

Quienes, entre otros, suscribimos este comunicado, agradecemos la existencia de una institución de carácter oficial como la UNAD. Sin ésta y su apuesta por la educación virtual y a distancia con calidad, muchos de nosotros nunca hubiéramos podido movilizarnos socialmente y ayudar a construir un mejor país.

Hoy valoramos profundamente su intención, señor Presidente, de buscar una reforma a la Ley 30 de 1992. Ello puede representar el espaldarazo histórico que requiere Colombia, desde su educación, para caminar civilizadamente hacia la anhelada modernidad de un país que requiere, con urgencia, una institucionalidad educativa de vanguardia que le coadyuve a transformarse en una nación justa, competitiva y de distribución equitativa de sus riquezas.

Somos conscientes que un trámite legislativo de reforma como el pretendido ya en anteriores oportunidades, genera múltiples tensiones, en escenarios no siempre académicos, dificultades de agenda e intereses, a veces alejados del propósito de brindar la buena educación que este país merece y sueña.

Por ello, estimamos que sólo en la medida en que se logre una participación argumentada, con metodologías probadas para el diálogo, la escucha y la retroalimentación asertiva, en torno de cuál es la educación que Colombia necesita y debe fomentar, será viable su firme propósito y el de la señora Ministra.

Un diálogo en el que participen millones de compatriotas buscando consensos entre educandos y educadores, obreros, campesinos dirigentes residentes en grandes, medianas y pequeñas ciudades y en todas las ruralidades de Colombia. Será también espacio estratégico en donde se expresen los gremios y líderes de todas las profesiones, credos y distintas visiones de país. Sólo así será viable, para su gobierno, para los legisladores, los medios de comunicación, los analistas y los distintos actores del sector, construir una propuesta asertiva que facilite la aceptación y aprobación de una nueva ley.

A manera de clamor y solicitud, y como producto de la reflexión de nuestra comunidad Unadista, sugerimos, señor presidente, que el análisis de una verdadera “propuesta de reforma integral a la Ley 30 de 1992”, parta de los siguientes diez principios:

• Dado que la educación es un derecho de todos, que permite dignificar vidas, elevar los escenarios de democracia y potenciar el desarrollo personal y profesional, Colombia debe tener una sola ley, estatutaria, que proteja constitucionalmente el acceso al conocimiento, la continuidad educativa, la articulación, el bienestar, la protección para la formación integral de estudiantes, la dignidad de los docentes y la modernización de todas las instituciones públicas y privadas en todos los ciclos y niveles de la educación colombiana.

• La definición de actores, instituciones, niveles de formación, metodologías y organización de programas y servicios deben estar precedidas de consensos nacionales sobre los propósitos y fines de un sistema educativo integral que aporte a lo social para que el país consolide una política educativa nacional, de Estado, que defina claramente y a largo plazo, su visión y derrotero sustituyendo planes periódicos de gobierno y de sector que tan solo han dado dejado impactos y acciones inmediatistas y no atención real a la crisis del sector.  

• La educación superior debe ser pensada y gestionada dentro de la integralidad que demanda la totalidad del sistema educativo, atendiendo a unos principios y fines axiológicos, teleológicos y epistemológicos. Su calidad e impacto serán más pertinentes para el país en la medida en que ésta esté debidamente articulada con la educación inicial, básica y media, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y las más variadas modalidades y ofertas que probadas por su impacto favorezcan la calidad formativa de cara a los desafíos de la sociedad del conocimiento.  

• Todo el sistema educativo colombiano debe concebirse y confirmarse como un dispositivo de movilidad social, científica y cultural. Sea cual sea el nivel de oferta debe tener una orientación sobre el contexto al que sirve, el fomento al ejercicio de la democracia, el arraigo de los valores constitucionales y de afianzamiento, para que las prácticas de innovación y de emprendimiento sean fuentes de trabajo, de riqueza y de servicio solidario, fomentando así una visión de país que privilegie el orgullo del ser colombiano.

• Más allá de las características, niveles, estructura y modelo académico de las instituciones, los proyectos educativos deben ser innovadores y reconocer el contexto social y económico de sus educandos, la diversidad de formas de aprendizaje y las realidades para aportar desde sus egresados a la evolución dinámica de sus entornos. Solo así se puede coadyuvar de manera efectiva el cierre de brechas que dificultan el acceso y la permanencia en la educación superior.

• La autonomía en todos los niveles y ámbitos educativos e institucionales, condicionada por los valores esenciales de la democracia, la convivencia y el respeto constitucional, debe caracterizar el fuero propio de proyectos educativos que coadyuven con la visión de país concertada para un mediano y largo plazo y, en consecuencia, debe protegerse. 

• La pretendida formación integral, esperada en todos los procesos educativos de antaño y de hoy, debe asegurar la disposición, competencias y comportamientos para posibilitar que todo connacional que pase por la institucionalidad educativa vivencie y promueva escenarios de libertad con responsabilidad, solidaridad a todo nivel, alternativas de emprendimiento, pasión por el conocimiento, orgullo y defensa de los valores axiológicos y aquellos propios de la identidad colombiana, iniciativas de innovación, reconocimiento y respeto por la diversidad, y sea ejemplo en la defensa de la inclusión a todo nivel.  

• La creación de nuevas instituciones o sedes o educativas deben surgir amparadas por inversiones rigurosas derivadas de proyectos que, entre otros, sustenten en el corto y mediano plazo tanto su sostenibilidad como su impacto en la consolidación de escenarios en los que el sector social y productivo coadyuven los programas de fomento al emprendimiento de los gobiernos nacional y locales. Así, será requisito riguroso que se presenten apuestas educativas estratégicas que coadyuven al crecimiento productivo, al impacto de la investigación y al fomento de la innovación de cara a un desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades, territorios, y micro territorios.  

• Las innovaciones pedagógicas, las nuevas didácticas y el uso intensivo de la conectividad y de las nuevas herramientas informáticas, así como la pertinencia de tecnologías disruptivas deben ser una opción inalienable para todo tipo de institucionalidad y actores educativos, como sustento en el fomento del aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo como. Deben hacer parte, también, de los ejercicios de innovación curricular para enriquecer el proceso formativo de los estudiantes y prepararlos para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento y la sociedad del aprendizaje.  

• La financiación estatal también debe reconocer, en equidad, los esfuerzos, condiciones y logros medibles a través de indicadores de gestión que fomenten la labor por parte de las instituciones educativas en temas tales como impactos de regionalización desde la investigación aplicada, la generación, adaptación y adopción de conocimientos y tecnologías para el servicio y bienestar de comunidades y territorios vulnerables, las tasas de graduación  basadas en  el impacto de los egresados en el desarrollo regional y nacional, la innovación en estrategias de bienestar extendido, la movilidad académica nacional e internacional que procure  investigación de frontera aplicable y efectiva, así como para favorecer la gratuidad en el acceso y permanencia de los estudiantes.

Con la voluntad Unadista de aportar en la construcción de una propuesta para lograr una reforma integral a la Educación Superior de Colombia, este manifiesto se suscribe por los 350 líderes de la UNAD, reunidos en el XXV Encuentro de Líderes Académicos Transformadores, representantes de todos los estamentos de la Universidad: Estudiantes, Egresados, Docentes, Investigadores, y Directivos, realizado en el municipio de Paipa, Boyacá, entre los días 26 al 30 de junio de 2023.

MAS UNAD MAS EQUIDAD

Jaime Alberto Leal Afanador Ed.D 
Rector 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD