Defendamos la Universidad Colombiana como ámbito del debate argumentado y crítico de la evolución y movilidad social, pero también como gestora de transformaciones y conciencia ideológica pluricultural.

Mucho se ha hablado, en las últimas semanas, sobre la autonomía universitaria en nuestro país, a raíz de los polémicos acontecimientos suscitados en la designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia.

Dicha institución ha sufrido una preocupante polarización entre su comunidad académica y, particularmente, al interior de su Consejo Superior, en torno de si el rector legítimo es el Dr. José Ismael Peña Reyes, designado por la mayoría de votos del Consejo, en marzo pasado, o quien, tras los cambios que se dieron en el máximo cuerpo colegiado y el respaldo del gobierno nacional, designó hace varias semanas al Dr. Leopoldo Múnera Ruiz, quien a su vez había obtenido la mayoría de votos entre la comunidad universitaria.

Los partidarios de ambas posiciones (tanto la de los defensores de Peña Reyes como de los de Múnera Ruiz) argumentan que actúan y defienden la autonomía universitaria, que los avala para justificar su actuar. Unos dicen que debe respetarse la autonomía del Consejo Superior para elegir en virtud de la representatividad de sus miembros y su criterio independiente para escoger el aspirante a rector que, en su parecer, mayores méritos tenga para ocupar el cargo, mientras que los otros argumentan que debe ser la democracia universitaria, expresada en la consulta estamentaria mayoritaria, la que debe determinar quien ocupe la rectoría. Unos dicen que el gobierno no puede desconocer la voluntad mayoritaria del Consejo Superior, y los miembros del Consejo Superior que representan al gobierno dicen que los otros consejeros no pueden desconocer la voluntad de quienes votaron a favor de un candidato. Un muy difícil panorama que espera será resuelto en tribunales.

En virtud de lo complejo de la situación, con una intención meramente ilustrativa, y respetando las decisiones de la Universidad Nacional de Colombia y lo que los órganos de justicia, como el Consejo de Estado decidan sobre cuál de los dos será finalmente el rector titular, me permito contextualizar algunos elementos para comprender mejor, como familia Unadista y como universitarios, por qué la autonomía universitaria representa un valor incalculable para la verdad, el espíritu académico, la auto organización de las universidades y, sobre todo, constituye un salvoconducto para que éstas y sus comunidades académicas puedan transitar libremente hacia el mañana sin dependencia de actores ajenos a la vida universitaria.

Primero, se entiende por autonomía universitaria la libertad que tiene cada institución de educación superior para definir sus principios, formas y propósitos, en consideración a que su compromiso con la verdad y la investigación le implica no estar condicionada por atadura alguna que le limite actuar conforme sus principios. En el ámbito mundial, las universidades son autónomas, y esa es la condición que puede garantizar que tanto la enseñanza, como el aprendizaje, la investigación y su gobierno interno, están libres de cualquier interferencia que pretenda desconocer la independencia de pensamiento, de debate y de discusión critica.

Segundo, el marco constitucional y legal colombiano reconoce a las universidades la autonomía. La Constitución Política de Colombia dice, en su Artículo 69, que “ Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo”.

Asimismo, la Ley de Educación Superior, la 30 de 1992, señala que “la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. 

Esto es lo que permite comprender cómo, por ejemplo, la UNAD  se estructuró como un meta sistema organizacional que integra todos los niveles y ciclos educativos; cómo desarrolla un modelo pedagógico único en el país que se afianza en el aprendizaje del aprender; cómo hoy es la única universidad pública con una proyección nacional con estudiantes de más de mil municipios del país; por qué su oferta internacional se orienta a atender connacionales en otros continentes; y cómo el reconocimiento de sus docentes y sus funciones difiere sustancialmente en el ejercicio de su rol de la forma en que se orienta su actividad tradicional respecto al papel que estos desarrollan en instituciones educativas presenciales. Todo esto no es ni malo ni bueno (para nosotros es lo más coherente que hemos podido crear colectivamente, en virtud del ejercicio efectivo de nuestra autonomía). Hace parte de una rigurosa, pero no rígida, academia, que refleja nuestra esencia comunitaria y diversidad territorial. Ello, insisto, nos diferencia, pero no nos hace ni mejores ni peores a universidades que eligen modelos diferentes como, por ejemplo, la Universidad de Nariño que elige a sus rectores por votación directa de su comunidad, o la voluntad de la Universidad del Atlántico de llegar con ofertas diversas a los municipios de su departamento, o la Universidad Pedagógica que se enfoca preferencialmente en ofrecer diversas licenciaturas con sus respectivos posgrados en Bogotá. Esa diversidad es producto de la autonomía universitaria que cada institución ha ejercido y debe seguir haciéndolo.

Tercero, la autonomía no significa que las universidades se distancien del contexto que les rodea. Lo que indica es que ningún actor externo a su propio gobierno puede incidir, más allá de los aportes propios de la academia (el diálogo, el debate, la investigación y la crítica), en situaciones que condicionen o afecten la libertad de acción definida por cada una de ellas en los estatutos que les rigen como universidades. Cualquier influencia diferente se podría leer como una amenaza de colectivos o personajes, que así tengan mucha influencia social, por ejercer como gremios, políticos, periodistas, empresarios, conglomerados sectoriales o hasta representantes oscuros de grupos ilegales y, claro está de los mismos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que pretendan desviar el proceder de la universidad en su favor, constituyen una violación flagrante a la autonomía universitaria. La Universidad toda debe tener la garantía que sus desarrollos colectivos y participativos le permiten evolucionar como gestora de sociedad, por ello quienes pretenden influir indebidamente sobre ella, violan el deber ser de la autonomía establecida en el principal marco legal del país como lo es la Constitución Política de Colombia que hoy nos rige como estado social de derecho .

Cuarto, la autonomía demanda de las universidades responsabilidad, criterio e independencia en su actuar. Por ello toda institución de educación superior debe cumplir los requisitos legales para ser considerada como tal. Mucho más aquellas que como la UNAD, cuentan con acreditación de alta calidad, que no es otra cosa que el reconocimiento público que la sociedad, el sector académico y el propio Estado (que trasciende a los gobiernos de turno) le dan por su comprobado compromiso con la calidad y la responsabilidad formativa.

Quinto, eso no significa que las universidades tengan patente de corso para actuar como deseen. Mientras mayor sea la libertad y el reconocimiento que las instituciones de educación superior tengan, mayor es su responsabilidad para formar estudiantes en el propio marco constitucional, en el respeto y acatamiento de la leyes y con las debidas normas internas, la rigurosidad de su actuar investigativo, la proyección social de la ciencia y la innovación. Eso no significa ser apático, indolente o no crítico. Pero sí demanda un enorme compromiso con la institucionalidad y con el acatamiento de las reglas de juego que nos permitan coexistir como institucionalidad y ejemplo de democracia para el país. Incluso, cuando las universidades avanzan en conocimientos que conllevan a replantear normas sociales, es dentro de la institucionalidad y el debate argumentado como actúan, no con la presión y, menos aún, con la violencia amenazante de la integridad personal o colectiva.

La UNAD ha valorado y respetado la autonomía universitaria. Incluso, en 2016, en conjunto con varias organizaciones del sector, fomentamos debates, que dejaron como resultado el documento “La Autonomía Universitaria en Colombia. Precisiones sobre su concepto”. Allí como rector de la Unad reitere :―y creo que todo el sistema educativo en Colombia, particularmente el universitario― reconoce la importancia para que, dentro de esos lineamientos dados por la Constitución, el legislador, de alguna manera, le dé opción a la rama ejecutiva para ejercer la inspección y vigilancia a su cargo de acuerdo con lo establecido en la misma Constitución en el artículo 67, pero sin menoscabo de la autonomía universitaria”.

Aunque universidades como la UNAD, tienen un carácter público y parte de su presupuesto proviene de recursos del Estado, no son instituciones adscritas al gobierno o presidente de turno. Por eso se identifican como entes universitarios autónomos, y no se adhieren políticamente a ningún gobierno, así como tampoco esperan que ningún gobierno, sea cual sea, e independiente de sus logros en política, desee participar más allá de lo que los propios estatutos de la Institución les permiten en cuanto a su representación en el máximo órgano, el Consejo Superior Universitario.

Cuando la autonomía se ve en riesgo, la diversidad también se pone en peligro para dar paso a la uniformidad de actuaciones, criterios y pensamientos y esa uniformidad es el primer camino hacia la vulneración y, de seguro, desaparición de la Universidad como institución social. Defendamos la Universidad Colombiana como ámbito del debate argumentado y crítico de la evolución y movilidad social, pero también como gestora de transformaciones y conciencia ideológica pluricultural, ello es lo que realmente nos hace ser universitarios. Por ello hoy más que nunca¡ Debemos, estar siempre, dispuestos a defender la Universidad y por supuesto su autonomia!

Jaime Alberto Leal Afanador Rector

Julio  de 2024