En el año 2003, Colombia ya contaba con un portal unificado de contratación pública, y más del 90% de las entidades gubernamentales tenían presencia web. Parecía el inicio de una revolución digital en el Estado. Sin embargo, más de dos décadas después, muchos ciudadanos aún enfrentan largas filas, trámites impresos y servicios públicos desconectados entre sí. ¿Qué ocurrió?

El artículo “La introducción institucional de la e-justicia y la e-administración en Colombia”, publicado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), propone una mirada crítica, estructurada y profundamente necesaria sobre el camino recorrido y el que falta por recorrer en la digitalización del aparato estatal.

Del concepto a la acción: ¿qué es realmente la transformación digital del Estado?

La e-administración y la e-justicia no son simples mecanismos para “modernizar” las instituciones. Representan una transformación profunda en la forma como los ciudadanos interactúan con el Estado. Se trata de servicios en línea, interoperabilidad, seguridad jurídica digital, participación ciudadana y protección de datos personales.

Los autores aclaran conceptos clave desde el inicio: la e-administración es el uso estratégico de las TIC por parte del Estado para ofrecer servicios y trámites a través de canales digitales, con enfoque en eficiencia, accesibilidad y transparencia. La e-justicia, por su parte, se refiere a la integración de tecnologías en el ámbito judicial: expedientes electrónicos, audiencias virtuales, sistemas de información interconectados y acceso en línea a decisiones judiciales.

Colombia ha tenido avances importantes en planificación y regulación, pero estos no siempre se traducen en resultados concretos. A pesar de leyes como la 1349 de 2009, 1581 de 2012 y decretos como el 1078 de 2015, la ejecución técnica y operativa ha sido irregular.

No se trata simplemente de usar computadoras en oficinas estatales, sino de rediseñar completamente la forma en que se administra el poder público, bajo criterios de interoperabilidad, seguridad de la información, participación ciudadana y reducción de brechas de acceso.

E-Gobierno: luces y sombras de la experiencia colombiana

Colombia ha ocupado puestos destacados en los índices internacionales de gobierno electrónico. En 2016, por ejemplo, fue líder en el subíndice de servicios en línea dentro de la región suramericana, según el E-Government Survey de Naciones Unidas. Sin embargo, en infraestructura tecnológica y capital humano, los resultados fueron mucho más modestos, y en algunos casos, preocupantes.

El país ha promulgado instrumentos como la Ley 1341 de 2009, el Decreto 1078 de 2015, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, entre otros. La estrategia Gobierno en Línea (GEL) evolucionó con programas como “Mi Colombia Digital” o “No más filas”, pero en este artículo los autores nos muestran que gran parte de estas políticas se quedaron en el papel o avanzaron con una lentitud incompatible con las demandas de la ciudadanía.

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La justicia digital: una mirada completa

La administración de justicia ha sido más reticente a adoptar plenamente las tecnologías de la información. Desde el año 2003 se han planteado estrategias para digitalizar los despachos, establecer el expediente electrónico y permitir audiencias virtuales, pero, como muestra el artículo, muchos de estos objetivos no se han consolidado.

Si bien el proceso ha sido más gradual que en otras áreas del sector público, se han sentado bases valiosas para una transformación más profunda. No obstante, el artículo señala que persiste la necesidad de superar enfoques centrados únicamente en la digitalización documental, para dar paso a innovaciones estructurales que impacten la eficiencia y transparencia del servicio judicial.

Asimismo, se reconoce que toda tecnología requiere acompañamiento ético, normativo y técnico para prevenir usos indebidos y garantizar que las herramientas digitales fortalezcan, y no vulneren, la confianza ciudadana en la justicia. En este sentido, los casos que han evidenciado dificultades sirven como oportunidad para mejorar los sistemas de control y asegurar que la justicia digital se consolide como un modelo seguro, transparente y accesible para todos.

¿Hacia dónde vamos?

Uno de los hallazgos más potentes del artículo es la identificación de una necesidad clara: formar profesionales del derecho y del servicio público que dominen no solo el marco jurídico, sino también las herramientas digitales que lo sostienen. El futuro del Estado no será exclusivamente analógico ni digital, sino híbrido, eficiente y centrado en el ciudadano.

Los autores no solo hacen un diagnóstico, sino que formulan un llamado a la acción. La verdadera transformación digital del Estado requiere voluntad política, continuidad en la implementación de políticas públicas, y una ciudadanía consciente y preparada para exigir servicios modernos, eficientes y transparentes.

La transformación digital ya no es opcional. Es la herramienta para acercar el Estado al ciudadano y dignificar su experiencia con lo público. La pregunta no es si debemos hacerlo. La pregunta es: ¿qué debemos hacer para lograrlo realmente?