Más de 39 millones de personas vivían con VIH en el mundo en 2022, según ONUSIDA. Cada día, miles enfrentan no solo los desafíos médicos del virus, sino también barreras sociales, legales y laborales. En Colombia, a pesar de un marco jurídico progresista, las personas con VIH/SIDA aún libran una batalla constante por sus derechos fundamentales.

Este tema es el corazón del artículo “El derecho a la salud y al trabajo en personas con VIH/SIDA en el ordenamiento jurídico colombiano”, publicado en la revista Análisis Jurídico - Político de la UNAD, una reflexión académica que invita a la acción, la conciencia y el cambio.

Salud y trabajo: más que derechos, son necesidades vitales

El artículo plantea que el derecho a la salud y el derecho al trabajo no pueden entenderse como favores del Estado, sino como garantías inalienables. Las personas que viven con VIH/SIDA requieren atención médica continua y un entorno laboral que les permita desarrollarse plenamente, sin discriminación ni miedo.

“Las personas con VIH/SIDA deben ser tratadas como sujetos de especial protección constitucional”, afirma el texto, destacando que su condición médica no debe ser motivo de exclusión social ni laboral.

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El escudo jurídico: avances y limitaciones

Colombia ha avanzado jurídicamente en la protección de estas personas, especialmente con:

  • La estabilidad laboral reforzada, una figura jurídica que impide el despido injustificado de trabajadores con VIH/SIDA.
  • La Ley 361 de 1997, que protege los derechos de las personas con discapacidad —incluyendo aquellas con enfermedades crónicas como el VIH.
  • La jurisprudencia constitucional, que ha sentado precedentes históricos en la defensa de los derechos de esta población.

Sin embargo, el artículo deja claro que estos avances no siempre se traducen en prácticas reales. El desconocimiento normativo, la estigmatización y la discriminación encubierta siguen siendo una barrera en la vida cotidiana.

Discriminación velada: el virus invisible no es el único enemigo

Muchas veces, el verdadero virus está en los prejuicios. Se niegan ascensos, se suspenden contratos, se vulneran derechos sin que haya consecuencias. El artículo enfatiza que la discriminación contra personas con VIH/SIDA persiste, incluso en instituciones que deberían garantizar sus derechos.

“Los entornos laborales y de salud no siempre están preparados para responder a las necesidades reales de las personas con VIH/SIDA”, se señala en el documento, haciendo un llamado a fortalecer la formación en derechos humanos y políticas inclusivas.

¿Y qué está haciendo la UNAD?

Desde su compromiso social y educativo, la UNAD impulsa reflexiones como esta a través de su revista Análisis Jurídico - Político, promoviendo investigaciones que conectan el derecho con la justicia social. Además, sus programas académicos, como la Maestría en Derechos Humanos o la Maestría en Administración Pública, brindan herramientas para transformar el sistema desde adentro.

Cambiar la mente, no solo las leyes

No basta con tener normas progresistas si la cultura sigue anclada en el prejuicio. El artículo invita a reconocer que la lucha contra la discriminación a personas con VIH/SIDA es también una lucha cultural. Las instituciones, empresas y ciudadanos deben asumir un rol activo para erradicar prácticas excluyentes que, aunque no siempre visibles, siguen presentes en exámenes médicos obligatorios para ingresar a un empleo, en chistes cargados de ignorancia o en la omisión del tema en programas