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Hablar de Colombia es hablar de biodiversidad: un país megadiverso que alberga cerca del 10% de la flora y fauna del planeta. Pero también es hablar de violencia, desigualdad y décadas de conflicto armado. En medio de este cruce de realidades surge una pregunta crucial: ¿puede haber paz sin justicia ambiental?

El investigador Jairo Miguel Martínez Abello nos recuerda que “la guerra y el medio ambiente son dimensiones directamente entrelazadas”. En su artículo de la revista Análisis Jurídico Político de la ECJP - UNAD, propone mirar los conflictos ambientales no como un asunto accesorio, sino como un eje central para la construcción de paz territorial en el país.

Los conflictos ambientales: más que una disputa por recursos

El modelo económico extractivista, la reprimarización de la economía y los contratos de estabilidad jurídica que privilegian la inversión extranjera han profundizado los conflictos socioambientales en Colombia. No se trata solo de minería, petróleo o agroindustria: es el choque directo entre comunidades que defienden sus territorios y actores que buscan explotarlos.

Como lo señala el autor: “los conflictos causados por el crecimiento económico y por la desigualdad social… son sufridos y pagados por grupos sociales marginados”. Esto significa que campesinos, indígenas y afrodescendientes soportan el mayor costo ambiental de un modelo que beneficia a pocos y destruye ecosistemas estratégicos.

La guerra también se libra contra la naturaleza

En Colombia, el conflicto armado no solo dejó millones de víctimas humanas. La deforestación en zonas de control guerrillero, la minería ilegal en áreas protegidas y la contaminación de ríos con mercurio son heridas abiertas en la geografía nacional.

Como lo expresó Gustavo Wilches-Chaux ya en 1998: “el medio ambiente no solamente es el escenario de la guerra y una de sus víctimas, sino también puede constituir el motivo de la guerra”.

El Acuerdo de Paz de La Habana (2016) introdujo el concepto de paz territorial, que reconoce que la verdadera reconciliación no se logra con la firma en papel, sino con la transformación real de los territorios. Sin embargo, el tema ambiental quedó relegado, tratado de manera tangencial, a pesar de ser una de las causas subyacentes de la violencia.

Datos que impactan

• Colombia perdió aproximadamente 174.000 hectáreas de bosque solo en 2020 (IDEAM). Muchas de esas zonas coinciden con territorios históricamente en disputa por actores armados y económicos.
• El 50% de los conflictos ambientales en Latinoamérica están relacionados con proyectos extractivos, y Colombia no es la excepción (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales).
• Más de 200 líderes ambientales fueron asesinados entre 2016 y 2021 en el país (Global Witness).

Estos datos muestran que la defensa del ambiente se ha convertido en una de las luchas más peligrosas y, al mismo tiempo, más necesarias en el contexto de posacuerdo.

Justicia ambiental como clave de la paz

El artículo enfatiza que no basta con el silencio de los fusiles: “la paz no es únicamente ausencia de guerra, sino justicia e igualdad entre todos los seres vivos, humanos y no humanos”. Esta visión subraya la urgencia de repensar el desarrollo desde una óptica donde el territorio sea el centro, no la mercancía.

Experiencias de resistencia comunitaria, como las luchas en Marmato, el Valle del Cauca o el Piedemonte amazónico, demuestran que la ciudadanía se organiza frente al despojo y que la paz ambiental se construye desde abajo, con participación real y no solo con decretos estatales.

¿Y ahora qué?

Colombia enfrenta un dilema histórico: seguir apostando por un modelo de enclave extractivista que perpetúa los conflictos, o avanzar hacia un horizonte de paz ambiental territorial. Como concluye Martínez Abello: “estudiar los conflictos ambientales es poner en juego un compromiso intelectual y académico por la paz en Colombia”.

Qué tipo de paz queremos?

Hoy, la pregunta no es si podemos alcanzar la paz en Colombia, sino qué tipo de paz queremos. Una paz que ignore la devastación ambiental será siempre frágil e incompleta.

Es momento de que ciudadanos, comunidades, academia e instituciones unamos fuerzas para exigir políticas que pongan la vida en el centro. Que reconozcan que defender un río, una montaña o un bosque es también defender la dignidad humana.

La paz será ambiental, o simplemente no será.